domingo, 25 de julio de 2010

DEJARON HUELLA EN ALCUBLAS...

ANTONIO GALLEGO y VALCARCEL

MILITAR, MINISTRO Y SENADOR
(3ª PARTE)


LA COMPRA DE LA MASIA DE LAS DUEÑAS

Como lo prometido es deuda, a continuación completaré las anteriores entradas en este blog PEÑA RAMIRO sobre la biografía de D. Antonio Gallego y Valcárcel, destacado militar, ministro y de la primera mitad del siglo XIX. En esta ocasión comentaré la accidentada y compleja compra por su parte de la masía de las Dueñas (Alcublas), iniciada tras la desamortización del
de la Cartuja de Vall de Cristo.



Al respecto, es conveniente recordar que la desamortización en España, tanto la referida a
bienes eclesiásticos como a civiles, no fue un acto aislado. Debe de ser entendida como un largo
proceso histórico, con múltiples motivaciones (políticas y también de tipo económico), que se alargó en una amplia etapa cronológica: desde el reinado de Carlos IV, siendo ministro Godoy (finales del siglo XVIII) hasta concluir en 1924, bien entrado el siglo XX. En lo que afecta a la masía de las Dueñas, su puesta en venta en pública subasta se produjo después de una de las tres desamortizaciones y clausuras que sufrió la Cartuja de Vall de Cristo a lo largo del aciago siglo XIX y a la que pertenecía hasta entonces, en concreto durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823).

Y será durante este Trienio Liberal cuando se realice el primer ensayo general del proceso
desamortizador español del siglo XIX, que sirvió también de antecedente a la posterior y más general desamortización de Mendizábal de 1836. En 1820, con la restauración de la constitución de 1812, tras su jura por Fernando VII, se pusieron en vigencia las leyes desamortizadoras promulgadas por las Cortes de Cádiz, algunas de las cuales incluso recogían normas de la administración bonapartista de José I, y que no habían entrado en vigor por la restauración del absolutismo con el regreso de Fernando VII en 1814. La desamortización del trienio, mayoritariamente centrada en bienes eclesiásticos, afectó sobre todo a monasterios y conventos masculinos.

Así, el 29 de octubre de 1820 la Gaceta del Gobierno nº123 publicó el Decreto Real de 1 de
octubre de 1820 (rubricado el 25 de octubre), llamado «de monacales». Este decreto contemplaba la supresión de todos los monasterios de las órdenes monacales así como los de canónigos regulares de San Benito, San Agustín y Premonstratenses; los colegios y conventos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y los de las órdenes de San Juan de Jerusalén, de San Juan de Dios y el resto de Hospitalarios. Sólo se salvaban provisionalmente de la exclaustración los escolapios y los misioneros del colegio para las provincias de Asia en Valladolid, así como aquellos conventos con más de 24 sacerdotes, o con 12 si no había más que uno en la localidad.


¿Y cómo afectó este Decreto de exclaustración a la Cartuja de Vall de Cristo, propietaria de la
masía de las Dueñas?. Tuvo que ser abandonada por segunda vez en pocos años, pues ya lo había sido en noviembre de 1810, durante la Guerra de la Independencia. Veamos como quedó reflejado este trascendental hecho en el Libro de Actas de la propia Cartuja: “El día 4 de diciembre (de 1820) el prior de esta casa Don Gabriel Fornés, reunidos todos los Monjes y Conversos en la Sala Capitular, declara disuelta la Comunidad e inmediatamente se dispusieron todos a desalojar el monasterio, obedeciendo el oficio del Sr. Jefe Político Superior que con fecha 1 de diciembre se había recibido en la cartuja y que ordenaba el desalojo del monasterio antes del día 8 de dicho mes”.



En aplicación del artículo 23 del mencionado Decreto «de monacales» el patrimonio de la
Cartuja de Vall de Cristo fue enajenado y en gran parte puesto a la venta entre los años 1821 y 1823 por la Junta del Crédito Público. Las ventas se realizaban mediante pública subasta, previa tasación por peritos nombrados por una Comisión Subalterna del Crédito Público y el síndico del Ayuntamiento Constitucional de cada localidad en la que se encontraban los bienes
desamortizados.
La compra debía de realizarse necesariamente “á créditos”, es decir, con algún tipo de vales o títulos de deuda pública, no admitiéndose pagos en efectivo a fin de reducir la inmensa deuda nacional (“arreglo de la deuda de España”) que en esos años se calculaba en unos 14.020 millones de reales.


La Junta del Crédito Público, con la información proporcionada por los Ayuntamientos
Constitucionales, sus propios comisionados y los Intendentes de la provincia elaboraba las listas de fincas a subastar, con el valor de su tasación en venta y en renta anual, publicándose íntegras en la Gaceta de Madrid. Dado su gran volumen, posteriormente pasó a publicarse sólo un resumen mensual por provincias. En una segunda etapa se editó ex profeso el Boletín de Oficio del Crédito Público donde se daban a conocer las “Fincas en subasta aplicadas á la amortización de la deuda nacional, cuyo primer remate ha de celebrarse á los 30 días contados desde la fecha de este anuncio” y en el que “…se previene que haya de producir el mismo efecto legal que los insertos hasta ahora en la Gaceta de Madrid”.



En el caso que nos ocupa de la masía de las Dueñas, la tasación lleva fecha de 14 de junio de
1822, por un valor total en venta de 125.460 reales y la subasta aparece notificada en el nº 177 del Boletín de Oficio del Crédito Público del día 4 de agosto de 1822, en la relación nº920 “Fincas en dicha provincia de Valencia procedentes del monasterio suprimido de Val de Cristi, en jurisdicción de Segorve, cuyo remate se ha de celebrar en la villa de Liria”. Curiosamente siempre aparece como “las Dueñas de abajo”, en contraposición a “las Dueñas de arriba” que era como se denominaba a la masía Chupidilla. En general, las grandes propiedades se dividían en varios lotes más pequeños con el objeto de que se vendieran más fácilmente y es lo que pasó también con la masía de las Dueñas.

Veamos los lotes que salieron a subasta y su valor de tasación:
“Casa masía titulada las Dueñas de abajo con dos corrales de encerrar ganado, pajar y hera en término de Alcublas. En venta 35.460 reales y en renta anual 795 reales”.
“Setenta y siete jornales de tierra de sembradura en la hoya de arriba y hoya de debajo de dicha masía. En venta 48.000 reales y en renta anual 2.400 reales”.
“Veinte y tres jornales de tierra de sembradura en dicho término de Alcublas, partida de la Rosa de la misma masía. En venta 6.000 reales y en renta anual 150 reales”.
“Cincuenta y tres jornales con tierra de sembradura en dicho término, partida de la palacia de idem (la misma masía). En venta 10.500 reales y en renta anual 420 reales”.
“Do(s)cientos y diez jornales de tierra matorral llamados la dehesa en id.(dicho término) de idem (la misma masía). En venta 25.500 reales y en renta anual 765 reales”.



No obstante, a la hora de la subasta en octubre de 1822 no se respetaría lo publicado y esta
inicial división en lotes de las construcciones y tierras que conformaban la masía de las Dueñas (“las Dueñas de abajo”) volvieron a agruparse, rematándose finalmente como una sola unidad. Esto fue así por la decisión personal del juez de primera instancia don Joaquín de la Cárcel, quién dispuso “…que se procediera a la venta de las masías (propiedad de la cartuja de Vall de Cristo) de modo íntegro, en vez de dividirlas (…) pues en ciertas zonas, como secanos, algunos bienes no se comprarían”. A la subasta, a la que no fue don Antonio Gallego y Valcárcel pues en esas fechas residía en Madrid, acudió un único comprador, quedando por ello el remate en un valor muy similar al de tasación.


En el Trienio Liberal los responsables del proceso de desamortización en cada provincia
fueron los Comisionados y el Contador Principal del Crédito Público, y la autoridad última el Intendente. Al mismo tiempo, las subastas, que quedaban reflejadas en escritura de venta judicial, eran formalizadas por los jueces de primera instancia del partido judicial al que pertenecía la localidad en la que se encontraban los bienes desamortizados. Por esta razón, el patrimonio de la Cartuja de Vall de Cristo fue fraccionado, subastándose en varias fechas. En concreto, todo el situado en el término de Alcublas salió junto a la venta en una misma relación: la mencionada nº920 de 4 de agosto de 1822.


Mayoritariamente este proceso de subasta de las propiedades desamortizadas se llevó a cabo
con una relativa transparencia y seguridad jurídica, salvo casos puntuales. Máxime si se tiene en
cuenta la grave inestabilidad política y social en que se encontraba sumida España en la época: con el hostigamiento de numerosas partidas absolutistas levantadas en armas contra el Gobierno y, desde el 7 de abril de 1823, con la invasión de los “Cien Mil Hijos de San Luís” al mando del Duque de Angulema. De hecho, ante esta situación, el Contador Principal del Crédito Público en Valencia decidió paralizar las ventas en abril de 1823. Curiosamente, el expediente de la masía de las Dueñas fue uno de estos raros casos donde aparecieron actuaciones un tanto extrañas y peculiares.


Después de realizada en octubre de 1822 la primera subasta de la masía de las Dueñas, a
principios de diciembre el juzgado de Liria estableció los días de las denominadas “mejoras”, es decir, la preceptiva segunda subasta que se realizaba en este procedimiento desamortizador con objeto de aumentar el precio final de venta. Al ser informada la Contaduría del Crédito Público de Valencia de la fecha de la mejora a celebrar en enero de 1823, advirtió con sorpresa que los expedientes originales del primer remate sobre todas las propiedades en Alcublas no aparecían y nadie sabía dar cuenta de su paradero. La sospecha de irregularidades, como es natural en un suceso de estas características, planeó sobre la actuación de los comisionados del Crédito Público responsables de la subasta.

La credibilidad del proceso estaba en entre dicho, ya que los indicios eran muy graves y
apuntaban directamente a dos funcionarios al servicio del Crédito Público. Sin embargo, no se abrió diligencia informativa alguna y tampoco el juzgado de Liria ni la Contaduría del Crédito Público de Valencia quisieron tomar cartas en el asunto. Miraron para otro lado y siguieron con el procedimiento de mejora como si nada. Se limitaron, sin inculpar a nadie, a demandar al archivo un expediente supletorio para conocer los justiprecios de las fincas y las cantidades en que habían sido rematadas en octubre de 1822 y, una vez completada la documentación, señalarían el 13 de febrero de 1823 como nuevo día para la celebración de la subasta de mejora, a fin de no retrasar más la venta pública.


Los comisionados del Crédito Público y responsables iniciales de la venta, don Pascual
Martínez y don Leonardo Ramírez, vecinos de Liria, aparecieron poco después en escena al presentar al juez D. Tomás Oltra y Castelló un pintoresco escrito en “papel timbrado” con el que pretendían alejar “…cualquier sospecha al sentirse culpabilizados” y donde manifestaban “…que el proceso se hizo conforme a lo establecido en la Ley” y que el expediente de subasta “… se había perdido durante su traslado de vuelta a la villa de Liria desde la capital de la provincia”, traslado realizado ”… con la aprobación del Sr. Intendente”. Según ellos “… el remate fue legal: nosotros no tenemos culpa de su extravío, ni este debe perjudicarnos en tal concepto (…) Pedimos justicia”. Se delataron ellos mismos al tratar de justificar su actuación cuando nadie les había pedido explicaciones…


La actuación del juez de Liria, visto lo anterior, también fue la previsible. No quiso implicarse
en un asunto tan turbio y para ello la mejor salida era emplear subterfugios legales. Y así lo hizo. Con argumentos de competencias más que discutibles, a fin de cuentas él era juez del juzgado de Liria donde había tenido lugar la subasta “presuntamente” fraudulenta, manifestó “…no tener facultades para intervenir”, remitiendo a finales de diciembre de 1822 el escrito original al Intendente de Valencia para que decidiera sobre el mismo. Por lo que se conoce por la documentación que nos ha llegado hasta nuestros días, parece ser que el Intendente de Valencia (recordemos, máxima autoridad en la provincia en la época) tampoco realizó gestión alguna para esclarecer este espinoso episodio y ni siquiera mandó investigar lo sucedido. Total, ¡aquí no ha pasado nada!


Por fin, el 13 de febrero de 1823 se produciría la mejora de la subasta y en esta ocasión sí que hubo puja al participar varios interesados. Los bienes de la masía de las Dueñas se rematarondefinitivamente por la cantidad de 525.000 reales, realizándose el pago completo en el momento del remate en “vales de Deuda”. El adquiriente fue D. Antonio Gallego y Valcárcel que en esas fechas, en el Estado Mayor del Ejército, ya se encontraba destinado en Valencia y donde debió tener noticia de la nueva subasta. La puja cuadruplicó el valor de tasación (125.460 reales), algo normal en las subastas celebradas en Valencia durante el Trienio Liberal, puesto que existía una gran demanda de fincas de gran extensión y cuanto más grande era la propiedad mayor era la diferencia entre el precio inicial (de tasación) y el precio del remate final (de la subasta de mejora).

Lo más probable es que D. Antonio Gallego y Valcárcel no llegara a visitar ni a tomar posesión efectiva de la masía de las Dueñas tras su compra
en febrero de 1823 dadas sus obligaciones con su nuevo cargo de ayudante de campo de D. Diego Clarke, comandante general de Valencia, además de la gran inseguridad creada por las acciones armadas de las partidas realistas de Rafael Sempere que dominaban las zonas montañosas de la provincia de Valencia. Además, al entrar elduque de Angulema en Madrid el 23 de mayo de 1823, al frente del cuerpo expedicionario francés de los “100.000 Hijos de San Luis”, instauró una Regencia absolutista bajo la Presidencia del duque del Infantado que durante los meses siguientes fue invalidando las disposiciones del Trienio Liberal.”.


Las órdenes religiosas fueron restablecidas por Decreto de la Regencia de 11 de junio de 1823 en “…el ser y estado que se hallaban antes del 7 de marzo de 1820”, y no tardarían en darse instrucciones por parte de las nuevas autoridades absolutistas para “…que se lleve a cabo terminantemente la devolución de los bienes incautados y vendidos a los conventos y monasterios suprimidos en esos años”. En cuanto a la Cartuja de Vall de Cristo, el Capitán General de Valencia ordenó el 29 de julio la restitución de todos sus bienes, eso sí, sin que se les diera a los compradores (entre ellos D. Antonio Gallego) ningún vale o título a cambio. Por segunda vez en pocos años los monjes retornaban a morar en Vall de Cristo, tomando posesión de nuevo de sus propiedades.


Y es así como la masía de las Dueñas dejó de pertenecer a D. Antonio Gallego y Valcárcel para pasar otra vez a manos de los cartujos, que seguirían manteniéndola en arriendo, pues era una de las pocas masías propiedad de Vall de Cristo que los monjes no cultivaban directamente. Al regresar la Comunidad debieron respetarse los pactos anteriores, continuando por tanto como arrendatario Francisco Albalat, que tenía contrato anterior al Trienio Liberal con la Cartuja “… sin tiempo fijo”, y donde “…se daba la partición de frutos, a medias”. Eso sí, tras la correspondiente “concordia” en la que se le condonaba parte de la deuda a condición del compromiso a seguir abonando las rentas atrasadas dejadas de pagar durante los tres años de la exclaustración.


Esta situación permanecería invariable a lo largo de los siguientes 10 años de dominio absolutista (también llamada “década ominosa”), hasta que la situación política en España de nuevo dio un vuelco con la muerte Fernando VII en 1833, la entronización de su hija Isabel II bajo la regencia de su madre Mª Cristina de Borbón y Dos Sicilias y el estallido de la Primera Guerra Carlista. La Regente, más por necesidad que por convicción, se apoyaría en gobiernos liberales que irán avanzando hacia nuevas reformas desamortizaciones. Así, en 1835 el gobierno presidido por el conde Toreno con García Herreros como ministro de Gracia y Justicia, mediante el Real Decreto de 3 de septiembre, devolvía a sus compradores los bienes eclesiásticos rematados durante el Trienio Liberal.


En el caso de la masía de las Dueñas el proceso de restitución resultó muy rápido, puesto que el 21 de octubre de 1835 mediante Resolución del Director General de la Contaduría de Amortización de Valencia le fue reintegrada la propiedad plena a su comprador D. Antonio Gallego y Valcárcel. Con esta Resolución terminaban siglos de historia común entre la masía de las Dueñas y la Cartuja de Vall de Cristo, que poco después sería definitivamente abandonada por sus moradores con motivo de la última y definitiva exclaustración. Sin embargo, este cambio de titular de la propiedad en realidad no debió suponer una verdadera innovación en las formas de explotación de las fincas que constituían el patrimonio de las Dueñas. Siguieron en arriendo y, al menos durante un tiempo, seguramente con el mismo arrendatario que con los cartujos: Francisco Albalat.



Asimismo, no es probable que D. Antonio Gallego visitase la masía de las Dueñas durante
los primeros años tras su devolución, pues en esas fechas se encontraba en Madrid como oficial de la Secretaría de Estado y del despacho de la Guerra, en el gobierno de la Regente Mª Cristina de Borbón y Dos Sicilias. Además, las partidas carlistas dominaban amplias zonas del Maestrazgo y de la Serranía (Alcublas incluida). De hacer esa visita, de la que no existe constancia documental, al menos debió esperar a la finalización de la guerra, que se produjo tras refugiarse en Francia el 6 de julio de 1840 el lider carlista Ramón Cabrera. De hecho, todavía tardarían bastante en cumplimentarse los trámites administrativo para completar el cambio de titularidad de las posesiones devueltas. Valga como ejemplo que la escritura de propiedad de la masía de las Dueñas a nombre de D. Antonio Gallego y Valcárcel no expedida por el Intendente de Valencia hasta el 9 de mayo de 1840.



De esta manera concluía definitivamente, ¡nada menos que 17 años después de iniciarse en
1823!, la accidentada y compleja compra por parte de D. Antonio Gallego y Valcárcel de la masía de las Dueñas (Alcublas). Y, como escribió en 1850 el Presbítero de Buñol D.M.J.B.C.P. en su “Monografía de las Dueñas” (ver blog PEÑA RAMIRO del pasado 16 de marzo): “Así que desde entonces viene S. E. disfrutando la pacífica posesión y goce de sus derechos”.

En una próxima colaboración en este blog PEÑA RAMIRO espero poder aportar nueva información sobre aspectos poco conocidos de la relación de D. Antonio Gallego y Valcárcel con Alcublas, y con ello dar respuesta a la pregunta de un amable lector de este blog PEÑA RAMIRO sobre la razón por la cual tan insigne personaje mostró tanto interés en adquirir una propiedad como la masía de las Dueñas.



Por

Juan Antonio Fernández Peris,
del Centro Excursionista de Chelva y colaborador del blog PEÑA
RAMIRO de Alcublas



6 comentarios:

JML dijo...

Primero: Felicitar a Juan Antonio por su magnífico artículo. Gracias a él he conocido un poco más nuestra historia.
Y segundo: qué trajin han llevado las Dueñas hasta hoy. Su historia es fiel reflejo de la historia de España y de la nuestra propia.

Miguel dijo...

IM
PRE
SIO
NANTE.

Otro 10 más para la Peña Ramiro y en particular para el autor del artículo.
Cultura es PODER.

el último serrano dijo...

Coincido con los anteriores comentaristas. Conocer nuestro pasado ayuda a conocernos a nosotros mismos. Saber que lo que tenemos ahora es fruto de grandes variaciones pasadas debe fomentar la no crispación y la comprensión de todos y todas las cosas.

Anónimo dijo...

Ha sido fantástico conocer las visicitudes de la Masía de las Dueñas y también de la Cartuja.¡Qué trajín de monjes con tanta desamortización y contra-desamortización¡

Estoy deseando enterarme del final...

Josue dijo...

Todo un lujo comarcal este espacio. Tanto en contenidos como en componentes. Me he relamido con este articulazo.
Gracias por vuestro trabajo.

Anónimo dijo...

Qué recuerdos me traen las Dueñas. Y qué fotos más buenas y artísticas.
Gracias Peña Ramiro por este momento.