martes, 14 de abril de 2015

ANIVERSARIO DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

                      Constitución de la Segunda
                           República Española
                    84 ANIVERSARIO (1931-2015)

Este año 2015 se cumple el 84 aniversario de la aprobación de la Constitución de la
Segunda República Española. Es una magnífica oportunidad para detenerse en la misma, leyendo
con calma sus 125 artículos distribuidos en diez Títulos además de dos disposiciones transitorias.
Su lectura muestra a las claras que era una Constitución muy avanzada para la época, donde
quedaban perfectamente reconocidos los derechos y las libertades individuales y sociales dentro
de un ordenamiento jurídico y organización del Estado completamente democráticos.


La Constitución de 1931 fue redactada y aprobada por las Cortes Constituyentes elegidas en
las elecciones generales del 28 de junio (con un índice de participación que superó el 70%), que
siguieron a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 tras la caída de la
Monarquía de Alfonso XIII. La monarquía había perdido cualquier atisbo de legitimidad al haber
dado su apoyo a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Ello favoreció, sobre todo en las
grandes ciudades españolas, una masiva respuesta antimonárquica y republicana en las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931, que instó al exilio a Alfonso XIII y la consiguiente instauración
de la Segunda República el 14 de abril con la masiva alegría del pueblo español.


Las Cortes electas, compuestas de una sola Cámara, abrieron sus sesiones el 14 de julio
(como homenaje a la Revolución francesa), siendo presididas por Julián Besteiro Fernández. La
votación final del texto de la nueva Constitución se produjo el 9 de diciembre de 1931, con la
presencia de 368 diputados, de los 466 diputados electos, que la refrendaron por unanimidad;
asimismo, 17 diputados ausentes en el momento de la votación pidieron que se les incluyera entre
los que la aprobaban. Los restantes 81 diputados, ausentes en señal de boicot, pertenecían en su
mayoría a pequeños partidos (“Minoría Agraria” y “Minoría vasco-navarra”) contrarios a dicha
Constitución, que la consideraban “persecutoria” de la Iglesia Católica, fundamentalmente por la
redacción de su artículo 26.


Un repaso a la Constitución de la Segunda República nos permite comprobar por nosotros
mismos las muchas falsedades que sobre ella se han vertido. De hecho es bastante similar a la actual
en gran parte de su articulado, y teniendo en cuenta que cumple 84 años, no parece estar ni mucho
menos anticuada. Además cumple con todos los requisitos de cualquier estado democrático actual.
Eso sí, molestaba a los estamentos más poderosos que al final lograron sus objetivos: destruirla y
difamarla. Aunque al precio de bañar de sangre las tierras de España…


Si queremos evitar que nos manipulen, debemos esforzarnos por conocer nuestra historia por
nosotros mismos. En el caso de la Constitución de la Segunda República esta pequeña colaboración
para este blog PEÑA RAMIRO trata de dar al lector información real para que él mismo pueda
formarse su propia opinión. Sin intermediarios. Sin tergiversaciones. Sin mentiras interesadas.

Como homenaje y desagravio a la Constitución de la Segunda República, ¡FELIZ LECTURA!

POR
Juan Antonio Fernández Peris

A continuación se reproduce el texto integro:

                                                CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931

Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que éstas, en
uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente:

ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN DE LA II
REPÚBLICA ESPAÑOLA


                                                  TÍTULO PRELIMINAR

                                           DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las
Regiones.

La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Artículo 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley.

Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial.

Artículo 4º. El castellano es el idioma oficial de la República.

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las
leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de
ninguna lengua regional.

Artículo 5º. La capitalidad de la República se fija en Madrid.

Artículo 6º. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Artículo 7º. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.


                                                    TÍTULO PRIMERO

                                         ORGANIZACIÓN NACIONAL

Artículo 8º. El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en
régimen de autonomía.

Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en relación
directa con el Poder central.

Artículo 9º. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su
competencia, y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo
cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.

Los Alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento.

Artículo 10º. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley
que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines
político administrativos.

En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman, salvo las
modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.

En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un Cabildo
insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades administrativas
iguales a las que la ley asigne al de las provincias.

Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.

Artículo 11º. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político
administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el
art. 12.

En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se
determinen en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de
que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este
Código fundamental.

La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí.

Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización Político administrativa de la
región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como parte integrante de su
ordenamiento jurídico.

Artículo 12º. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes
condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios
comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras
partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá
renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título
y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes
orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad
que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.

Artículo 13º. En ningún caso se admite la federación de regiones autónomas.

Artículo 14º. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución
directa en las materias siguientes:
          1. Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes
constitucionales.
          2. Relación entre las iglesias y el Estado y régimen de cultos.
          3. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior;
declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda
clase de relaciones internacionales.
          4. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o
extrarregional.
          5. Pesca marítima.
          6. Deuda del Estado.
          7. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.
          8. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las
mercancías.
          9. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de
costas.
          10. Régimen de extradición.
          11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los
Poderes regionales.
          12. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
          13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables
submarinos y radiocomunicación.
          14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuando las aguas
discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su
término.
          15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.
          16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.
          17. Hacienda general del Estado.
          18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.

Artículo 15º. Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las
siguientes materias:

          1. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la forma
del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones
contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la
aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España. La
ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República, para
garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afecten a la
materia.
          2. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
          3. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
          4. Pesas y medidas.
          5. Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a
la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
          6. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a salvo
para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda
reservarse.
          7. Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
          8. Régimen de seguros generales y sociales.
          9. Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
         10. Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
         11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras
peculiares.
         12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación
la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
         13. Servicios y aviación civil y radiodifusión.

Artículo 16º. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder
a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa,
conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.

Artículo 17º. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de
trato entre los naturales del país y los demás españoles.

Artículo 18º. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región
autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá distribuir o transmitir
las facultades por medio de una ley.

Artículo 19º. El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse
las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía entre los
intereses locales y el interés general de la República.

Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los
Diputados que integren las Cortes.

En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán estatuir lo
pertinente, por ley o por ordenanza.

Artículo 20º. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus
autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en
cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en este Título.

El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun en los
casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.

Artículo 21º. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo
lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.

Artículo 22º. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá
renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar
este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo
menos, dos terceras partes de los electorales inscritos en el censo de la provincia.



                                          TÍTULO SEGUNDO

                                            NACIONALIDAD

Artículo 23º. Son españoles:

          1. Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
          2. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la
nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
          3. Los nacidos en España de padres desconocidos.
          4. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad
en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que prescriban las leyes.

La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su
marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales.

Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de
origen español que residan en el Extranjero.

Artículo 24º. La calidad de español se pierde:

          1. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español,
o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción.
          2. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.

A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una
ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América,
comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni
modifiquen su ciudadanía de origen.

En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de
reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.



                                                   TÍTULO TERCERO

                             DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESPAÑOLES

                                                CAPÍTULO PRIMERO

                                        Garantías individuales y políticas

Artículo 25º. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la
clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.

El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a
una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán
económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del
Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres
votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus
bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
          1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del
Estado.
          2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio
de Justicia.
          3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los
que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines
privativos.
          4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
          5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
          6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación
con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Artículo 27º. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier
religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la
moral pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos
separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del
culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política,
salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para
ser Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 28º. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración.
Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.

Artículo 29º. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto
en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de
la detención.

Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber
sido entregado el detenido al juez competente.
La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo
plazo.
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo, y
los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.

La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución
de ningún género.

Artículo 30º. El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por
objeto la extradición de delincuentes político sociales.

Artículo 31º. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su
residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia
ejecutoria.

El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la
ley establezca.

Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español.
El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable.

Nadie podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro de papeles y
efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y, en su
defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.

Artículo 32º. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no
ser que se dicte auto judicial en contrario
.
Artículo 33º. Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y
comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general,
impongan las leyes.

Artículo 34º. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de
juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.

Artículo 35º. Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los poderes
públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

Artículo 36º. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos
derechos electorales conforme determinen las leyes.

Artículo 37º. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles
o militares, con arreglo a las leyes.

Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.

Artículo 38º. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.

Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

Artículo 39º. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la
vida humana, conforme a las leyes del Estado.

Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente,
con arreglo a la ley.

Artículo 40º. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos
públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.

Artículo 41º. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán
conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio,
las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley.

No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales
o religiosas.

Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero,
el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y
perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.

Los funcionarios civiles podrán constituir asociaciones profesionales que no impliquen injerencia
en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones profesionales de
funcionarios se regularán por una ley. Estas asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra
los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios.

Artículo 42º. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser
suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del
Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de
ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán
ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuanta a la Diputación Permanente establecida
en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier
prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia
superior a 250 kilómetros de su domicilio.


                                                 CAPÍTULO SEGUNDO

                                              Familia, economía y cultura

Artículo 43º. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de
cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el
cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto
de los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni
sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia,
haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.

Artículo 44º. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de
la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución
y a las leyes.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad
social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los
votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados
en los casos en que la necesidad social así lo exija.

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando
así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Artículo 45º. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su
exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su
defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa
custodia y atenderá a su perfecta conservación.

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor
artístico o histórico.

Artículo 46º. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección
de las leyes.

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su
legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez,
invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la
maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales
remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación;
la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los
obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la
defensa de los trabajadores.

Artículo 47º. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre
el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola,
indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de
previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para
riego y vías rurales de comunicación.

La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.

Artículo 48º. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La
libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en
ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas
doctrinas en sus propios establecimientos.

Artículo 49º. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al
Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que
los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley
de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de
escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la
enseñanza en los establecimientos privados.

Artículo 50º. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de
acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua
castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de
instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en
ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.

El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.

El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de
estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.


                                                TÍTULO CUARTO

                                                   LAS CORTES

Artículo 51º. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o
Congreso de los Diputados.

Artículo 52º. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio
universal, igual, directo y secreto.

Artículo 53º. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de
veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la
ley Electoral.

Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato será de
cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. Al
terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. Sesenta días, a lo sumo, después de expirar
el mandato o de ser disueltas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se
reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles
indefinidamente.

Artículo 54º. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su
retribución.

Artículo 55º. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de
su cargo.

Artículo 56º. Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.

La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente.
Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado, lo
comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere pertinentes.

Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio
correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el suplicatorio.

Toda detención o procesamiento de un Diputado quedará sin efecto cuando así lo acuerde el
Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o
la Cámara disuelta.

Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados, podrán
acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del
Diputado objeto de la acción judicial.

Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los
ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.

Artículo 57º. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la
elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior.

Artículo 58º. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses
de febrero y octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer
período y dos en el segundo.

Artículo 59º. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como poder
legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro de plazo,
la obligación de convocar las nuevas elecciones.

Artículo 60º. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.

Artículo 61º. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado
en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del poder legislativo.
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de las
mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia
concreta.

El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar sobre su
adaptación a las bases establecidas por él.

En ningún caso podrá autorizarse en esta forma, aumento alguno de gastos.

Artículo 62º. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta,
como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza
numérica.

Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:

          1. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el art. 42.
          2. De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los decretosleyes.
          3. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados.
          4. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.

Artículo 63º. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sea
Diputados.

No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.

Artículo 64º. El Congreso podrá acordar un coto de censura contra el Gobierno o alguno de sus
Ministros.

Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las firmas de
cincuenta Diputados en posesión del cargo.

Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada
hasta pasados cinco días de su presentación.

No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura no fuese
aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente
implique un voto de censura.
Artículo 65º. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad
de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la
legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se disponga.

Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, el
Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los proyectos de ley necesarios
para la ejecución de sus preceptos.

No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.

Artículo 66º. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las
Cortes. Bastará, par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.

No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de
ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos
regionales, ni las leyes tributarias.

El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una
proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la iniciativa
popular.


                                                    TÍTULO QUINTO

                                  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Artículo 67º. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el período de su
magistratura.

Artículo 68º. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número
de compromisarios igual al de Diputados.

Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al
procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías Constitucionales corresponde el
examen y aprobación de los poderes de los compromisarios.

Artículo 69º. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles
mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 70º. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:

a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando
menos, en dicha situación.
b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el
grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.

Artículo 71º. El mandato del Presidente de la República durará seis años.

El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su
anterior mandato.

Artículo 72º. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas,
fidelidad a la República y a la Constitución.

Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial.

Artículo 73º. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la
expiración del mandato presidencial.

Artículo 74º. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le
substituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será substituido en las suyas por el
Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones
de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de
nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo
68, y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria.
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando
disueltas, conservan sus poderes.

Artículo 75º. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del
Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de
que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.

Artículo 76º. Corresponde también al Presidente de la República:

a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo siguiente, y firmar la paz.
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo con las
leyes y los reglamentos.
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente, previo acuerdo
del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes,
si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación,
dando inmediata cuenta a las Cortes.
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y
vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.

Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la Hacienda
pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos aquellos que exijan
para su ejecución medidas de orden legislativo, sólo obligarán a la Nación si han sido aprobados por
las Cortes.

Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las
Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de dieciocho meses, a partir
de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados. Una vez aprobados por el
Parlamento, el Presidente de la República subscribirá la ratificación, que será comunicada, para su
registro, a la Sociedad de las Naciones.

Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también deberán ser
registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los
efectos que en él se previenen.

Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no
obligarán a la Nación.

Artículo 77º. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en
las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados
aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de
conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de que España fuere parte,
registrados en la Sociedad de las Naciones.

Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación y
arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una
ley para firmar la declaración de guerra.

Artículo 78º. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la
Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y
mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría
absoluta.

Artículo 79º. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos,
reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.

Artículo 80º. Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo
unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá
estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos
excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República.
Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo
que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.

Artículo 81º. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario
siempre que lo estime oportuno.

Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el
primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en
el artículo 58.

El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando
lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:

a) Por decreto motivado.
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo
máximo de sesenta días.

En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la
necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta
de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.

Artículo 82º. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato.

La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que
compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones.

En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la
elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las
Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.

Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta
misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.

Artículo 83º. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de
quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.
Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el
Presidente procederá a su inmediata promulgación.

Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en
mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una
mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a promulgarlas.

Artículo 84º. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no
estén refrendados por un Ministro.

La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.

Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena
responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse.

Artículo 85º. El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva
de sus obligaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si
procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso afirmativo,
el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá
sus trámites.

Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva
convocatoria.

Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad
criminal del Presidente de la República.


                                                     TÍTULO SEXTO

                                                        GOBIERNO

Artículo 86º. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.

Artículo 87º. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del
Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el Presidente
de la República.

A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los
diferentes departamentos ministeriales.

Artículo 88º. El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar
uno o más Ministros sin cartera.

Artículo 89º. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes.
Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir directa o
indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada.

Artículo 90º. Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley
que haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar
sobre todos los asuntos de interés público.

Artículo 91º. Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política
del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.

Artículo 92º. El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables,
en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.

En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales
en la forma que la ley determine.

Artículo 93º. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de
ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.

Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de
Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por
dicha ley.


                                                    TÍTULO SÉPTIMO

                                                          JUSTICIA

Artículo 94º. La Justicia se administra en nombre del Estado.

La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la Justicia.
Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.

Artículo 95º. La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que
serán reguladas por las leyes.

La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la
disciplina de todos los Institutos armados.

No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso
del estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.

Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.

Artículo 96º. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a propuesta
de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.

El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de cuarenta años y
licenciado en Derecho.

Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios
judiciales.

El ejercicio de su magistratura durará diez años.

Artículo 97º. El presidente del Tribunal Supremo tendrá además de sus facultades propias, las
siguientes:

a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de reforma
judicial y de los Códigos de procedimiento.
b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley
designe, entre elementos que no ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de jueces,
magistrados y funcionarios fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados, de modo
permanente, con voz y voto, a la Comisión parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asiento
en la Cámara.

Artículo 98º. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus
funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías
necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.

Artículo 99º. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y
fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal
Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia
regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales
que no pertenezcan a la carrera judicial.

La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de
la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Artículo 100º. Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la
Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías
Constitucionales.

Artículo 101º. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones
emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos
discrecionales de la misma, constitutivos de exceso o desviación de poder.

Artículo 102º. Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán
indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del
fiscal de la Junta de Prisiones o a petición de parte.

En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del
Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.

Artículo 103º. El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del
Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.

Artículo 104º. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés
social.

Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración
de Justicia.

Artículo 105º. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo
de las garantías individuales.

Artículo 106º. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen
por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme
determinen las leyes.

El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.


                                                 TÍTULO OCTAVO

                                             HACIENDA PÚBLICA

Artículo 107º. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación
a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de octubre de cada año, el
proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.
La vigencia del Presupuesto será de un año.

Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por
trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.

Artículo 108º. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún
artículo ni capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus
miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 109º. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán
incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.

En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá autorizarse un
Presupuesto extraordinario.

Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la
República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las
infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.

Artículo 110º. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá,
para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.

Artículo 111º. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año
económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.

Artículo 112º. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para
tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de
interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.

Las autorizaciones al Gobierno en este respecto si limitarán, cuando así lo estimen oportuno las
Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.

Artículo 113º. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al gobierno
sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra. En consecuencia, no
podrán existir los créditos llamados ampliables.

Artículo 114º. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas
asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción,
cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad,
créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:

a) Guerra o evitación de la misma.
b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales.

Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.

Artículo 115º. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por
las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.

La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de
crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni
realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.

No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las
leyes.

Artículo 116º. La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las
normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.

Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.

Artículo 117º. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades
del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación. Toda operación que
infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses.

Artículo 118º. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para
satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del
Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que
autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique,
directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo
supuesto.

Artículo 119º. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes
normas:

1. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.
2. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los recursos ni los
capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.
3. Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.

El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de
Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de esta
censura conocerán las Cortes.

Artículo 120º. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión
económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas
en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.

Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones. Sus conflictos con otros
organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales.


                                                    TÍTULO NOVENO

                                 Garantías y reforma de la Constitución

Artículo 121º. Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de
Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:

a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante
otras autoridades.
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las Regiones
autónomas y los de éstas entre sí.
22
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes
eligen al Presidente de la República.
e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.
f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal
de la República.

Artículo 122º. Compondrán este Tribunal:

Un presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado.

El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el artículo 93.

El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República.

Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes.

Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley.

Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República.
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas
las de España.

Artículo 123º. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:

1. El Ministerio Fiscal.
2. Los jueces y tribunales en el caso del artículo 100.
3. El Gobierno de la República.
4. Las Regiones españolas.
5. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.

Artículo 124º. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y
prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere
el artículo 121.

Artículo 125º. La Constitución podrá ser reformada:

a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que
hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una ley y requerirá el voto,
acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los Diputados en el ejercicio del cargo, durante
los cuatro primeros años de vida constitucional, y la mayoría absoluta en lo sucesivo.

Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente disuelto el
Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días.

La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma
propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.



                                        DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de
la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los Diputados en
el ejercicio del cargo.

Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a nueva votación
y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.

Segunda. La ley de 26 de Agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la
Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la
misión que le fue encomendada; y la de 21 de Octubre conservará su vigencia asimismo
constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la derogan éstas
expresamente.


Por tanto, en representación de las Cortes Constituyentes, mando a todos los españoles,
autoridades y particulares, que guarden y hagan guardar la presente Constitución, como
norma fundamental de la República.

Palacio de las Cortes Constituyentes a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y uno. –

El Presidente, Julián Besteiro.



1 comentario:

Anónimo dijo...

Es más actual que la del 78.